El 26 de febrero de 2025, la Unión Europea emitió una propuesta de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas (UE) 2022/2464 y (UE) 2024/1760 en lo que respecta a las fechas a partir de las cuales los Estados miembros deben aplicar determinados requisitos de información sobre sostenibilidad corporativa y diligencia debida, el también conocido como paquete normativo Omnibus.
El objetivo de esta propuesta es facilitar un espacio regulatorio que facilite la competitividad y resiliencia de las empresas europeas, reduciendo la carga administrativa en materia de sostenibilidad empresarial.
Contexto de la simplificación normativa
En los últimos años, la Comisión Europea ha adoptado un marco regulador más exigente en materia de sostenibilidad, estableciendo estándares más estrictos sobre la divulgación de la información no financiera y reforzando los requisitos de diligencia debida en derechos humanos y medioambiente. No obstante, se ha identificado una necesidad de simplificar y optimizar estos requisitos para mitigar el riesgo de una carga burocrática excesiva que afecte al crecimiento económico y la capacidad competitiva de las empresas europeas.
Principales medidas del paquete Omnibus
El paquete Omnibus busca reducir la carga administrativa y armonizar la regulación ESG en la Unión Europea. Se estima que las empresas verán una reducción del 25% en sus obligaciones de reporte, y en el caso de las PYMES. Además, se propone flexibilizar los requisitos para empresas medianas y transnacionales, permitiendo un enfoque regulador más adaptado a su sector y contexto operativo. También se revisan los programas de inversión para optimizar su acceso y aplicación, asegurando que la financiación sostenible sea más accesible y eficiente.
Impacto en la Directiva de Informes sobre Sostenibilidad Corporativa (CSRD)
Este paquete introduce modificaciones clave en la CSRD, excluyendo a las empresas con menos de 1.000 empleados, lo que reduce en al menos un 80% el número de organizaciones obligadas a presentar informes de sostenibilidad. Asimismo, retrasa la implementación de estos informes hasta 2028 (reportando datos de 2027) y establece mecanismos para evitar que los requisitos de las grandes empresas generen cargas excesivas para las PYMES en sus cadenas de valor.
Cabe destacar que la Comisión Europea prevé adoptar el acto delegado para la simplificación de los Estándares Europeos de Información sobre Sostenibilidad (ESRS) lo antes posible, con un plazo máximo de seis meses tras la entrada en vigor de Omnibus. Esta revisión reducirá los puntos de datos (datapoints) obligatorios mediante la eliminación de los menos relevantes, la priorización de datos cuantitativos sobre narrativos y una diferenciación más clara entre requisitos obligatorios y voluntarios. Se eliminan los estándares de reporte específicos por sector, evitando así un aumento en el número de puntos de datos prescritos que las empresas deben informar.
Modificaciones en la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD)
Se ha ampliado el plazo de implementación de la CSDDD hasta julio de 2028, otorgando a las empresas más tiempo para adaptarse a las nuevas exigencias. Además, se ha eliminado la responsabilidad civil a nivel de la UE, aunque las víctimas de incumplimientos seguirán teniendo derecho a reclamar compensaciones. Para reducir la carga administrativa sobre las PYMES, se han limitado las obligaciones de información en la cadena de suministro y se ha flexibilizado la periodicidad de actualización de los procesos de diligencia debida.
En un enfoque de aplicación escalonada, la Directiva entrará en vigor en tres fases, considerando el tamaño y la capacidad de adaptación de las empresas. En julio de 2027, las primeras en cumplir con la normativa serán las mayores empresas de la UE, aquellas con más de 5.000 empleados y una facturación neta mundial superior a 1.500 millones de euros, así como las empresas extranjeras que generen estos ingresos en la UE. Un año después, en julio de 2028, la normativa se extenderá a empresas con más de 3.000 empleados y una facturación neta superior a 900 millones de euros. Finalmente, en julio de 2029, todas las empresas que entren dentro del ámbito de aplicación deberán cumplir con la Directiva, alcanzando a unas 6.000 grandes empresas de la UE y 900 empresas extranjeras.
Para garantizar una transición ordenada, la UE ha pospuesto un año la fecha límite para la transposición de la Directiva en los Estados miembros, hasta julio de 2027, permitiendo ajustes en los marcos normativos nacionales.
Ajustes en la Taxonomía Verde de la UE
Se introducen modificaciones en la aplicación de la Taxonomía Verde de la UE, donde se plantea una mayor flexibilidad en la clasificación de actividades económicas sostenibles, especialmente para sectores en transición, facilitando su alineación con los criterios de sostenibilidad sin imponer requisitos desproporcionados.
Destacar la introducción de un régimen de “opt-in” para grandes empresas con más de 1.000 empleados y un volumen de negocio inferior a 450 millones de euros. Bajo este esquema, aquellas empresas que declaren estar alineadas total o parcialmente con la Taxonomía Verde de la UE deberán divulgar sus indicadores clave de rendimiento (KPIs) de facturación y CapEx, con la opción de reportar también su OpEx.
Este enfoque elimina completamente los costes de cumplimiento de la Taxonomía para las empresas que no estén alineadas con actividades ambientalmente sostenibles según el Reglamento de Taxonomía. Además, se otorga mayor flexibilidad al permitir el reporte de actividades que cumplan solo parcialmente con los criterios técnicos de selección, fomentando una transición ambiental progresiva y facilitando el acceso a la financiación sostenible.
Retos en el nuevo escenario regulatorio
A pesar de la simplificación normativa, las empresas deberán ajustar sus sistemas de reporte y sus estrategias de cumplimiento a los nuevos plazos y requisitos. Esto implicará una revisión de procesos internos y la capacitación de equipos en materia de sostenibilidad.
Además, será clave garantizar que la reducción de burocracia no comprometa la transparencia y trazabilidad de la información. Con este nuevo marco, las organizaciones y consultorías especializadas en sostenibilidad tendrán un papel esencial en la adaptación a la normativa, acompañando a las empresas tanto en el cumplimiento de sus obligaciones como en su avance voluntario en materia de sostenibilidad sin perder de vista su eficiencia y competitividad. Las propuestas legislativas del paquete Omnibus serán enviadas al Parlamento Europeo y al Consejo para su consideración y adopción. Los cambios entrarán en vigor una vez que se alcance un acuerdo y se publiquen en el Diario Oficial de la UE.
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